Arturo Arroyo. Algarabía
Islandia, el país que dejó caer a sus bancos, que se rehúsa a formar parte de la Unión Europea, está a punto de recuperar todo el terreno perdido durante su crisis.
Localizado al Noroeste de Europa, además de su alta actividad volcánica y hermosas cascadas, destaca a nivel mundial por ser uno de los pocos países que han optado por mantener un modelo económico diferente al que domina en la mayoría de los países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas –onu.
Los islandeses eligieron, desde hace ya una década, que el Estado desplazara el objetivo central de su crecimiento económico para colocar en su lugar al bienestar social, desafiando los riesgos que los economistas más ortodoxos advirtieron.
¿Qué significa colocar al bienestar social en el centro de su economía?
Mientras que en los modelos económicos ordinarios las causas de la pobreza y la desigualdad son un problema de orden individual, en Islandia estos son padecimientos sociales, resultado natural de la organización productiva capitalista, por lo tanto, consideran que es necesario que su gobierno intervenga para contrarrestar las desigualdades derivadas de la libre concentración del dinero en pocas manos.
–¿Con esmero y dedicación cualquiera puede salir de pobre?–
El gobierno islandés invierte casi la mitad de sus ingresos –43% de su Producto Interno Bruto– en ofrecer a cada uno de sus ciudadanos seguridad social y una educación suficiente para contar con un nivel de vida alto, sin importar su puesto laboral, de tal modo que los estándares de bienestar de la población menos favorecida son los mismos o muy similares a los reportados por los más ricos.
En Islandia es prioritaria la calidad de vida de su población antes que el crecimiento económico.

Muestra de ello es cómo distribuyen los beneficios de sus recursos naturales, como el agua termal que emana de sus volcanes y que se distribuye de forma gratuita en todos los hogares de Islandia; o la energía eléctrica, producida con ese mismo recurso les cuesta casi nada, sus habitantes pagan sólo el mantenimiento de las máquinas hidroeléctricas.
Los habitantes de Islandia disponen de un seguro de enfermedad que cubre desde el tratamiento médico dispensado por un médico general hasta una hospitalización en el extranjero; en caso de desempleo reciben un préstamo que hasta 2012 era de al menos mil 600 euros mensuales.
La educación es garantizada para toda la población, incluso el acceso a un nivelo de licenciatura.

Todo eso es posible gracias a un sistema tributario que convierte al Estado en un verdadero agente de redistribución. Los impuestos que paga un habitante de esa isla son altos y dependen del ingreso –mientras más ganas, más impuestos pagas–, sin embargo, su gobierno retribuye a sus ciudadanos esta contribución, así los gastos fiscales son bien vistos como una inversión.
¿A quién se le ocurrió todo esto?
Es importante aclarar que una economía enfocada en el bienestar social no es de autoría islandesa. El origen de este modelo nos remonta a la Gran Depresión estadounidense, la crisis que en 1929 vino a desmentir las premisas de los economistas clásicos para clamar por el libre mercado.
Mientras en el siglo xix se afirmaba que el libre mercado era un sistema de intercambios perfecto, en el que todos tienen los medios para ofrecer bienes y servicios, en el siglo xx se exhibió la desigualdad consecuente de esta distribución del ingreso, ocasionada por la deficiente regulación de las empresas, la anomalía del Estado frente a los mercados, y surgía el riesgo de un levantamiento social por estas injusticias.
El desarrollo industrial en las principales economías del mundo, de 1900 a 1929, generó una superproducción: había más mercancías que los clientes disponibles para ellas.

Los mercados1 no sólo se saturaron sino que se empequeñecieron, reduciendo también las ganancias de los empresarios. Estos reaccionaron de tal manera que disminuyeron los costos de producción, principalmente la inversión en mano de obra, para así mantener sus márgenes de ganancia. Despidos masivos, aumentos desmedido de las jornadas de trabajo, reducciones salariales, ese fue el repertorio de medidas para contener la crisis que los empresarios atravesaban, impactando severamente en los ingresos reales de la clase trabajadora.
–Dinero, bendito dinero–
Expertos economistas advirtieron a los gobiernos, principalmente de Europa, que aquellas medidas no aminoraron el problema, pues al añadir la inconformidad de los trabajadores, la crisis empeoraba aún más.
La República de Weimar fue la primera en ofrecer un paquete de beneficios sociales a los trabajadores formales.

Resulta que la riqueza no depende solamente del desempeño individual, para acumular dinero se necesita que las demás personas puedan, y quieran, otorgar su capital. Cuando se reduce el ingreso de los trabajadores, los empresarios no hacen sino reducir su propio mercado: si los trabajadores no tienen suficientes recursos para atender sus necesidades básicas, no hay oportunidad para invertir en otros gastos.
De esta manera, académicos y gobernantes decidieron proteger el bienestar de los obreros para garantizar el desarrollo económico. Los gobiernos de algunos países europeos decidieron atender el empleo y generar un sistema de prestaciones que les permitía, si bien no ganar más, tener menos necesidades básicas que atender de forma individual.
—Entre tacaños te veas—
Ese fue el modelo adoptado por Islandia para de atravesar una crisis bancaria en 2008, llevándolo al extremo, pues mientras la mayoría de gobiernos europeos proponía el gasto público exclusivamente en los trabajadores, la república escandinava fue más allá y se abocó a la tarea de garantizar niveles altos de bienestar social a toda su población, sin importar su condición laboral.
La prioridad al bienestar social, ¿funciona?
Actualmente, desobedece a las recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional –fmi–, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –ocde– e incluso a la Unión Europea de reducir la intervención del gobierno en la economía. Estas instituciones insisten en que un alto gasto social como el que Islandia prefirió genera un alto endeudamiento público, inhibe la competencia y el crecimiento empresarial.
Sin embargo, el gobierno islandés desmiente dichas afirmaciones, pues su pib mantiene una tendencia a la alza desde 2009.
Contra lo que afirman algunos organismos internacionales, el gobierno de Islandia no sólo no se ha endeudado más, sino que ha podido aumentar los pagos de la deuda pública, sin afectar el gasto social o el bienestar de sus habitantes.