Pidieron a los legisladores que el nuevo organismo sea un verdadero rector de la cultura, que actúe con libertad, a partir de procesos colegiados, y que esté libre de coacciones políticas.
CIUDAD DE MÉXICO. La comunidad intelectual, encabezada por Eduardo Matos, Sergio Raúl Arroyo, Natalio Hernández, Deborah Holz, Carlos Villarreal y Horacio Franco, se sumó para demandar que la nueva Secretaría de Cultura, promovida por el gobierno federal, esté libre de coacciones y presiones de gobernadores y presidentes municipales al momento de decidir sobre la protección y conservación del patrimonio cultural.
Aunado a esto expresó que antes de aprobar dicha iniciativa se realice un diagnóstico de las condiciones laborales de quienes trabajan por honorarios en el INAH, INBA y Conaculta, se revise el papel del Estado como editor de publicaciones, se incluyan las contribuciones de los pueblos originarios y se solicite más presupuesto, para luego iniciar el camino hacia una Ley de Cultura.
Así se expresó ayer durante las cuatro mesas de trabajo con intelectuales para revisar la creación de la Secretaría de Cultura, organizada por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde participaron arqueólogos, músicos, escenógrafos, cineastas y especialistas.
En su intervención, Sergio Raúl Arroyo dijo que es necesario fortalecer los consejos colegiados para evitar la toma de decisiones unipersonales, revisar la situación de los trabajadores por honorarios que desde hace 20 años no tienen una garantía laboral, pese a que forman parte de los cuerpos especializados de las dependencias.
Además, pidió que la nueva secretaría fortalezca los consejos colegiados para evitar la toma de decisiones unipersonales dentro del INAH y mayor presupuesto. “Es una cuestión fundamental, aunque sé que en un primer momento tratan de no impactar las cuestiones de finanzas, pero no sé cómo buena parte de los problemas y situaciones laborales se pueden arreglar si no hay un fortalecimiento de las finanzas”.
Por su parte, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma señaló que esta secretaría deberá garantizar que el Estado no pierda la rectoría del patrimonio tangible e intangible, pese a la participación privada o extranjera. “Si bien se prevé que haya apoyos oficiales como de iniciativa privada, es importantísimo que la rectoría del Estado sobre los monumentos y los bienes tangibles e intangibles no se pierda”, apuntó.
El poeta Natalio Hernández consideró que la consulta en torno a la creación de la Secretaría de Cultura, no debe circunscribirse a especialistas, sino extenderla a creadores, maestros, promotores culturales y distintos sectores de la sociedad, para evitar la creación de una instancia burocrática más.
Además, lamentó que esta iniciativa de ley no recoja la contribución de los pueblos originarios de México, no visibiliza la presencia y la participación de los pueblos indígenas.
Eduardo Nivón, catedrático por la UAM Iztapalapa, sentenció que una Secretaría de Cultura debe contar con los recursos económicos y apoyos institucionales suficientes para el logro de sus objetivos. Además, cuestionó que la nueva secretaría quiera promover misiones culturales, lo cual no debe estar entre sus atribuciones; y solicitó que se incorporen definiciones básicas sobre derechos culturales y pluriculturalidad, que no están claramente contenidos.
MODIFICACIONES
Posteriormente, Carlos Javier Villaseñor, abogado y experto en política cultural dijo que hace 25 años se ha intentado resolver las carencias en materia cultural, por lo que planteó que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) sea incluido dentro de la Secretaría de Cultura.
Detalló que en el artículo 41 bis, fracción segunda, de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sólo se define como patrimonio cultural a monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, “lo cual deja fuera la categoría de patrimonio cultural inmaterial, obligada por la Convención de la UNESCO de 2003”, por lo que se podría crear un instituto para la Promoción de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de México.
Además, señaló necesario la modificación del artículo 41 bis, fracción cuarta, donde sólo se considera la educación profesional para disciplinas artísticas de las bellas artes, por lo que se ha dejado fuera a las escuelas de cinematografía, fotografía y nuevas tecnologías que dependen del INAH y el Cenart, aunado a que en ese mismo artículo se dejó fuera a las culturas populares.
Por otra parte, la editora Deborah Holtz se refirió al panorama editorial y lamentó que quienes producen cultura no son vistos como parte del desarrollo nacional, sino más bien como animadores, y solicitó a la Cámara de Diputados que se lleve a cabo una revisión crítica del papel del Estado como editor, donde se analice “su necesidad de seguir editando... y, en dado caso, promover la coedición como forma de incentivar a la industria editorial”.
EXCÉLSIOR
