Por Paula Carrizosa

■ Foto Paula Carrizosa
Los integrantes del Consejo Internacional de Archivos (ICA) y de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), reunidos en su conferencia mundial celebrada en México, acordaron luchar por el libre acceso a la documentación de dominio público.

En este acto evidenciaron también su rechazo a la censura y depuración de los archivos de interés público legítimo a través de cualquier vía, incluida la electrónica.

Los trabajos de la conferencia mundial incluyeron la lectura de una declaración que será signada en París por los miembros de los 194 países integrantes del ICA.

El documento refrendó los acuerdos del Congreso de Archivos XX que fue celebrado en Seúl, Corea del Sur, en septiembre de 2016, además de que se agregaron siete nuevos compromisos.

Los acuerdos han sido redactados a partir del reconocimiento del papel y la responsabilidad que los archivos tienen en el manejo de la información para el bien público.

Asimismo, por el desarrollo actual de las políticas de información documental y el impacto que el acceso a la información está teniendo en las sociedades.

La lectura de la Declaración de la Ciudad de México fue realizada por David Fricker, presidente de ICA y Mercedes de Vega, presidenta del ALA y directora del Archivo General de la Nación (AGN).

Estos organismos, junto con la Unesco organizaron la reunión archivística mundial durante tres días, del 27 al 29 de noviembre.

Los siete compromisos asumidos por la Conferencia del Consejo Internacional de Archivos y de la Asociación Latinoamericana de Archivos se describen a continuación.

El primero expresa la preocupación de los especialistas ante el concepto amplio del “derecho a ser olvidado”, a través de todos los canales adecuados. Indican que si bien los individuos tienen derecho al respeto de su privacidad, los gobiernos y los sujetos obligados tienen el compromiso de rendir cuentas, y los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información que sea adecuada y tenga un interés público legítimo, ninguna sociedad debería “olvidar” a sus ciudadanos o sus actos ni debería otorgarse a ningún sujeto obligado la licencia para borrar la memoria de cualquiera de sus acciones simplemente para evitar tener que dar cuenta de las medidas adoptadas.

Ese riesgo, añaden, implicaría las consecuencias siguientes: olvidar el pasado sería negar el pasado; negar el pasado sería actuar con impunidad, secuestrar el presente e impedir la construcción de un futuro.

El segundo punto llama a tomar medidas para conservar el patrimonio documental digital de la humanidad. “Debemos adoptar –y de hecho apoyar–, la rápida adopción de nuevas tecnologías por los muchos beneficios que trae; sin embargo, debemos conservar la información digital actual para que sea accesible en el futuro”.

Se añade que no se puede permitir que las tecnologías se vuelvan obsoletas, lo cual equivaldría a negar a las generaciones futuras el inmenso valor del patrimonio documental digital de la humanidad. En apoyo de este objetivo, ICA continuará su compromiso con la iniciativa Persist de Memoria del Mundo de la Unesco.

El tercer punto llama a abogar para que la documentación que sea del dominio público permanezca disponible y pueda expresarse fielmente y en contexto. “Nos opondremos a la censura o a la depuración de las herramientas y de los motores de búsqueda en línea que eliminen la vista de la documentación pública que tenga un interés público legítimo”.

El cuarto renglón declara que se debe recordar que “los archivos son semillas de interculturalidad que promueven la interacción entre culturas y la comunicación entre grupos humanos con diferentes costumbres e identidades”.

Con ello, reafirman una horizontalidad que impide que un grupo cultural esté por encima de otro y promueven la igualdad, la dignidad y la convivencia armónicas, basadas en el respeto a las diferencias y en evitar la imposición de cualquier forma de explotación.

El quinto compromiso tiene que ver con la necesidad de alentar a los gobiernos y a los principales actores a identificar la legislación en materia de derechos de autor y sus vínculos estrechos con la actividad archivística en sus respectivos países, lo que permitirá esfuerzos conjuntos para legislar sobre el derecho de acceso a la información.

El sexto punto, en cambio, llama a estimular la cooperación internacional entre países, instituciones de seguridad gubernamentales, Interpol, instituciones archivísticas y organizaciones internacionales para impedir y contrarrestar el contrabando de patrimonio documental.

“El éxito de esta cooperación solo estará garantizado si los gobiernos son sensibles al valor del patrimonio documental, lo difunden y protegen por medio de un marco legal que sancione las prácticas ilegales y fomente la creación de redes nacionales y trasnacionales para la prevención y la lucha en contra del contrabando”.

El séptimo y último punto reclama a los firmantes a apoyar la constitución de protocolos por parte de organizaciones internacionales que impidan la pérdida definitiva del patrimonio cultural en caso de desastres naturales y conflictos civiles.

Destaca que la Conferencia ALA–ICA reunió a más de 500 participantes, entre especialistas e interesados en la actividad archivística, procedentes de 83 países, quienes reflexionaron en torno al tema Archivos, ciudadanía e interculturalidad. En dicho encuentro se llevaron a cabo 64 actos paralelos, que incluyeron 46 paneles, seis conferencias magistrales y nueve talleres.

El encuentro internacional, que se realizó por primera vez en un país latinoamericano, estuvo dividido en 12 ejes temáticos, que incluyeron el Interculturalismo y las culturas originarias; Derechos humanos; Tráfico ilícito del patrimonio documental; Archivos y proyectos académicos; Archivos y creación artística; Archivos, rendición de cuentas, derecho al acceso a la información y protección de datos personales, además de otras temáticas.

Durante la clausura de la conferencia se anunció que Camerún será sede en 2018 del encuentro internacional.